En los últimos años, Bolivia se ha consolidado como un centro estratégico para los carteles internacionales de droga, alerta la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). La representante en el país, Mónica Mendoza, explicó en entrevista con EFE que esta realidad ha sido reconocida por el Gobierno de Rodrigo Paz y representa una oportunidad para fortalecer la lucha antinarcóticos.

Presencia creciente de carteles internacionales

Mendoza identificó la expansión de organizaciones criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, el Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) de Brasil, además de grupos peruanos y colombianos. Esta influencia queda reflejada en la cantidad de detenidos de dichas nacionalidades en cárceles bolivianas, quienes forman parte de los cuadros operativos y de mando de estas redes.

Incremento del sicariato y la violencia

El aumento significativo de casos de sicariato demuestra la confrontación entre estos grupos por el control territorial. Especialmente en las zonas fronterizas con Brasil, donde los asesinatos por encargo se han vuelto frecuentes, lo que llevó al Gobierno a desplegar al Ejército y fuerzas especiales para reforzar la seguridad.

Un problema multidimensional

Bolivia deja de ser vista solo como productor de materia prima o tránsito. El narcotráfico se ha combinado con delitos como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal, configurando un complejo entramado delictivo. Además, los cultivos de hoja de coca aumentaron un 7 % entre 2024 y 2025, alcanzando las 36.400 hectáreas, y posicionando a Bolivia como el tercer productor mundial, tras Colombia y Perú.

Infiltración en las instituciones

Durante los gobiernos anteriores, la presencia de carteles fue negada, limitándose a culpar a clanes locales. Sin embargo, la administración de Rodrigo Paz reconoce la operación del crimen organizado transnacional en el país y destaca capturas relevantes como la del narco uruguayo Sebastián Marset en marzo de 2024, un evento que marcó el fin de una supuesta tregua conocida como “narcopaz”.

Mendoza también alertó sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones judiciales, generando redes de corrupción que dificultan la persecución efectiva del delito. Esta situación ha sido evidenciada con casos como la destitución y encarcelamiento del exfiscal general Roger Mariaca por presuntas conexiones con el narcoterrorismo.

Desafíos y avances en la lucha contra el narcotráfico

Para enfrentar este problema, la representante sostiene que Bolivia debe adoptar una estrategia integral que incluya la persecución del crimen, el control de sus finanzas y la desarticulación de sus capacidades operativas. Es fundamental también aprobar normas antilavado y de extinción de dominio, además de que el sistema judicial emita sentencias más contundentes en casos de narcotráfico.

Un cambio significativo ha sido la reapertura de la colaboración con la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) y la adhesión boliviana al Escudo de las Américas, reforzando la cooperación internacional para combatir el narcotráfico.

Fuente original: El Deber

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