La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz aprobó por unanimidad una declaración que exige medidas concretas para enfrentar la delincuencia en la región. Entre las principales demandas figura el control riguroso de motocicletas, consideradas un elemento clave en la comisión de actos violentos, y el fortalecimiento de las labores preventivas para reducir los hechos de sangre.
Medidas solicitadas y respuesta policial
Luis Alberto Ruiz, secretario de la ALD, explicó que la declaración está dirigida al Ministerio de Gobierno e incluye el empadronamiento de propietarios y poseedores de motocicletas, la fiscalización de motos sin placas o con registros adulterados, y la habilitación de una línea telefónica para denuncias, administrada por la Policía. Además, se exhorta a revisar las responsabilidades por la falta de control sobre motocicletas robadas, utilizadas en recientes hechos violentos en la región.
Ruiz destacó la creciente inseguridad en Santa Cruz, afirmando que “el susto y la zozobra se han convertido en el día a día”. Asimismo, señaló que el viceministro de Seguridad Ciudadana ha anunciado que se realizará el empadronamiento y que más de 100 policías serán especializados en la lucha contra el crimen organizado.
Plan Frontera 2.0 y coordinación interinstitucional
Por su parte, el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, informó que se ampliará el plan Frontera 2.0 con operativos en las fronteras de Santa Cruz, Beni y Pando, con apoyo militar, municipal, departamental e internacional. Este plan fue lanzado en agosto en Guayaramerín para combatir el narcotráfico y el contrabando, y se verá reforzado con nuevas medidas y coordinación con autoridades municipales.
Álvarez negó que la Policía esté superada por las estructuras criminales y resaltó los resultados obtenidos, incluyendo la expulsión de más de 50 miembros de organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), de diversas nacionalidades.
Contexto de violencia y cooperación internacional
La violencia se enmarca en una disputa de poder entre el PCC y el Comando Vermelho, tras la caída de un ciudadano vinculado al narcotráfico que presuntamente contó con protección de autoridades locales. Además, el Grupo de Acción Financiera de América Latina calificó el riesgo de lavado de activos en Bolivia como medio a alto, señalando al narcotráfico, el contrabando y la porosidad fronteriza como principales amenazas.
En cuanto a la cooperación regional, Bolivia y Chile activaron un mecanismo policial para el intercambio de información, mientras que la Policía Federal de Brasil establecerá presencia en el país. En este marco, se prevén reuniones de alto nivel, como la anunciada entre autoridades bolivianas y la presidenta peruana Keiko Fujimori para noviembre, para fortalecer operaciones y coordinación en seguridad fronteriza.
Fuente original: El Deber
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