La comercialización de minerales en Bolivia presenta serias deficiencias en su sistema de fiscalización, con limitaciones operativas que podrían facilitar el tráfico ilegal y la evasión fiscal. Expertos del sector minero, como Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), y José Pimentel, exministro de Minería, han señalado fallas en el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y demandan reformas para fortalecer su regulación.
Antecedentes y contexto
Córdova destacó que los problemas actuales tienen sus raíces en la liberalización del comercio de minerales establecida por el Decreto Supremo 21060, que eliminó la comercialización centralizada que habían ejercido la Comibol y el Banco Minero. La permanencia del comercio en manos privadas limitó la capacidad estatal para controlar aspectos como el origen, peso, calidad y destino del mineral.
Durante la Asamblea Constituyente, se propuso la creación de una entidad estatal centralizada para controlar la comercialización minera, pero dicha iniciativa fue rechazada por presiones de sectores económicos interesados en mantener el libre comercio del mineral.
Insuficiencias operativas y expansión de comercializadoras privadas
El actual Senarecom enfrenta dificultades para supervisar las numerosas explotaciones mineras, muchas situadas en áreas de difícil acceso, y carece de los recursos humanos y logísticos necesarios para una fiscalización efectiva. En ocasiones, los datos de peso y calidad del mineral son proporcionados directamente por los propios operadores y sólo firmados por los funcionarios, lo que debilita el control estatal.
Se observa además un crecimiento exponencial de las empresas comercializadoras privadas: en 2009 solo había cuatro registradas, cifra que en 2025 alcanzó las 391, con 252 en La Paz. Durante 2024 se crearon 102 nuevas comercializadoras, lo que dificulta la supervisión y fomenta mercados informales, incluyendo casos de robo y comercialización ilícita de minerales estatales.
Conflictos de intereses y denuncia de colusión
Córdova alertó sobre la influencia del sector cooperativista en la selección de autoridades del Senarecom, señalando que exfuncionarios vinculados a cooperativas o empresas mineras pueden retornar al ámbito privado, generando conflictos de intereses.
Pimentel añadió que la falsificación de formularios y la falta de controles adecuados en la Aduana Nacional permiten la salida ilegal de cargamentos de mineral con documentación adulterada. Mencionó casos de cargamentos de oro detectados en los aeropuertos de Viru Viru (2026) y El Alto (2020), señalando una posible colusión entre comerciantes de oro y funcionarios estatales.
Criticó que, tras la incautación de oro en El Alto, el mineral quedó bajo custodia del exportador investigado, lo que le facilitó evadir impuestos y regalías. Recomendó que el material incautado sea almacenado en instalaciones seguras del Banco Central o Comibol para evitar este tipo de irregularidades.
Propuestas y recomendaciones
Ante la magnitud del problema y el poder económico de las redes dedicadas al tráfico ilícito de oro, se propone una acción coordinada entre los ministerios de Minería, Gobierno, Economía y Finanzas, Medio Ambiente, además de la Policía Migratoria y las entidades tributarias, para fortalecer el control y combatir la corrupción.
Fuente original: ANF
Enlace de la noticia original
