El gobierno de Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo 5595, una normativa que insta a todas las instituciones del nivel central del Estado a iniciar un proceso integral de simplificación administrativa. La finalidad principal es reducir la burocracia, eliminar trámites innecesarios y modernizar la gestión pública boliviana.

Shock desregulatorio para modernizar la administración

El Ejecutivo describe esta iniciativa como un “shock desregulatorio”, un proceso especial para revisar y actualizar las normas, requisitos y procedimientos actuales que han generado el denominado “Estado tranca”. Este Estado se caracteriza por la lentitud en los trámites, la duplicidad de requisitos y una regulación excesiva que entorpece el funcionamiento estatal.

Obligación de revisar y justificar trámites

El decreto obliga a todas las entidades públicas a revisar sus procedimientos administrativos, identificar aquellos trámites innecesarios y justificar técnicamente cada requerimiento que soliciten a ciudadanos y empresas. Esta revisión buscará eliminar cargas regulatorias redundantes, simplificar procesos y reducir los tiempos en la atención pública.

Además, las instituciones deben elaborar un inventario completo de sus procedimientos y remitir esta información al Gobierno para su evaluación dentro del proceso de simplificación.

Creación del Catálogo Nacional de Trámites

Se establece también la creación del Catálogo Nacional de Trámites, una base de datos oficial donde se registrarán todos los procedimientos administrativos del Estado. Este catálogo contendrá información precisa sobre:

• Requisitos exigidos
• Plazos de atención
• Costos
• Entidad responsable
• Base legal del procedimiento

Con esta medida, ninguna institución podrá exigir trámites que no estén registrados, con el fin de evitar requisitos arbitrarios o informales.

Reducción de requisitos duplicados y mejora de la interoperabilidad

El decreto instruye eliminar requisitos repetidos que ya existan en otras bases de datos estatales. Por ejemplo, no se solicitarán documentos que estén disponibles en registros oficiales, como datos personales o certificados emitidos por otras instituciones públicas. Para ello, se promoverá la interoperabilidad tecnológica entre los sistemas públicos, facilitando el intercambio digital de información.

Digitalización para facilitar el acceso

El Decreto 5595 también impulsa la digitalización de trámites para reducir la necesidad de desplazamiento físico de los ciudadanos a las oficinas públicas. Esto permitirá que más procedimientos se realicen de forma electrónica, disminuyendo tiempos y costos administrativos.

Seguimiento y evaluación de la simplificación administrativa

Se establecen mecanismos para monitorear el avance de las instituciones en la simplificación de trámites. Las entidades públicas deberán reportar periódicamente los cambios implementados y los resultados del proceso, garantizando transparencia y eficiencia.

Objetivos y beneficios de la reforma

El Gobierno argumenta que esta reforma busca mejorar el clima de inversión, reducir costos tanto para empresas como ciudadanos y hacer al Estado más eficiente. Se pretende modernizar la administración pública, eliminar barreras que afectan la actividad económica y promover un desarrollo productivo más dinámico.

Con el Decreto 5595, se inicia una reingeniería del aparato estatal encaminada a una gestión pública más ágil, transparente y eficaz.

Fuente original: El Deber

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