El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) enfrenta fuertes críticas debido a la presencia de residuos tóxicos en alimentos que circulan en Bolivia. Expertos en toxicología y entidades de investigación denuncian un “vacío normativo” y una débil fiscalización que permitirían la entrada y distribución de productos agrícolas contaminados con plaguicidas, algunos prohibidos en otros países por sus riesgos para la salud y el medio ambiente.
Problemas en la normativa y controles
Tito Villarroel, investigador de la Fundación AGRECOL Andes, señaló que la regulación vigente sobre agroquímicos está desactualizada, pues la lista de pesticidas prohibidos por Senasag ya no corresponde con los productos modernos que hoy se comercializan en el país. Esto genera indefensión a los consumidores, ya que las autoridades carecen de herramientas legales y técnicas para detectar y sancionar la contaminación química en alimentos.
Además, Bolivia no cuenta con laboratorios especializados y acreditados para realizar análisis multiresiduos de plaguicidas, lo que obliga a enviar muestras al extranjero para su análisis. Esta deficiencia limita la capacidad del Senasag para identificar hasta más de 600 pesticidas utilizados en la agricultura actual.
Limitaciones en los parámetros de control
El concepto de inocuidad alimentaria aplicado por el Senasag se basa mayormente en aspectos físicos de los productos, sin evaluar adecuadamente su composición toxicológica. Asimismo, el país carece de Límites Máximos Permisibles (LMP) definidos por normativa nacional para residuos químicos, lo que impide decomisar alimentos contaminados con criterios claros.
En ausencia de parámetros nacionales, se usan estándares internacionales como los de la Unión Europea o el Codex Alimentarius para medir los riesgos sanitarios.
Denuncias y consecuencias para la salud
Otras organizaciones como Fundación Solón y Probioma han denunciado una débil fiscalización del uso de agroquímicos y la entrada de pesticidas de contrabando, además de criticar el modelo agrícola impulsado por políticas estatales que promueven monocultivos y el uso intensivo de agroquímicos.
El toxicólogo Ramiro Cadima, del Hospital Viedma, afirmó que la inocuidad alimentaria está “altamente descuidada” y que el Senasag no garantiza la protección a la salud pública. Explicó que se otorgan permisos y certificaciones a productos prohibidos o restringidos en otros países, y que la formación técnica del personal fiscalizador es insuficiente.
Además, aseguró que Bolivia sirve de mercado para agroquímicos peligrosos desechados en otros países, como el DDT, herbicidas ligados al agente naranja, glifosato y paraquat, utilizados en cultivos de soya, arroz, banano, piña y coca.
Estudios supervisados por Cadima encontraron niveles elevados de neurotóxicos, como órganos fosforados, en alimentos comunes, superando en algunos casos hasta siete veces los límites internacionales permitidos. Estos residuos pueden causar intoxicaciones, daños pulmonares, alteraciones neurológicas y malformaciones congénitas.
Impacto ambiental y social
Además de los riesgos para la salud humana, ambientalistas y organizaciones sociales advierten que el uso desmedido de agroquímicos está contaminando suelos y fuentes de agua, agravando la crisis ambiental en el país.
La información solicitada a Senasag para aclarar estos puntos no fue respondida, lo que aumenta la preocupación sobre la falta de transparencia y compromiso del organismo en el control y regulación de los residuos tóxicos en alimentos.
Fuente original: ANF
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