La Paz enfrenta una crisis profunda con bloqueos, escasez de combustible, dificultades para el ingreso de alimentos y medicamentos, y sectores radicalizados que exigen la reducción del mandato del presidente Rodrigo Paz. En este contexto, varios sectores plantean la aplicación de un estado de excepción basado únicamente en la Constitución. Pero, ¿es viable esta medida tras la posible caída de la Ley 1341?

El impacto de la abrogación de la Ley 1341

La Ley 1341, aprobada en 2020 durante un contexto de protestas, imponía regulaciones estrictas que endurecían la aplicación del estado de excepción por parte del Ejecutivo. Su abrogación no crea una nueva figura legal, pues la Constitución Política del Estado ya contempla esta medida en su artículo 137. Lo que elimina es un marco legal restrictivo que, según sus críticos, convertía el mecanismo en algo casi inviable.

Con la desaparición de esta ley, el presidente tendría un margen de acción considerablemente mayor para declarar el estado de excepción en situaciones como la conmoción interna, tal como lo describe la Constitución, que podría aplicarse en el actual escenario de bloqueos y desabastecimiento.

Interpretación constitucional y límites

El diputado y abogado constitucionalista Carlos Alarcón, promotor de la abrogación, afirma que se recupera la plena vigencia de la Constitución, eliminando las limitaciones impuestas por la Ley 1341. Argumenta que la ley otorgaba a la Asamblea Legislativa una capacidad excesiva para intervenir en los decretos presidenciales.

Entre las trabas que podrían desaparecer están los límites temporales específicos, procedimientos más estrictos de control legislativo y reglas detalladas sobre la ejecución del estado de excepción. Sin embargo, la Constitución mantiene salvaguardas esenciales: la Asamblea debe pronunciarse en 72 horas, el Ejecutivo debe justificar la medida y Bolivia sigue sujeta a tratados internacionales de derechos humanos.

Consideraciones políticas y sociales

Aunque desde el punto de vista jurídico el presidente podría actuar con mayor libertad, la declaración de un estado de excepción sigue siendo una decisión política sensible y de alto costo. Su implementación implica restricciones extraordinarias, posibles críticas internacionales y un fuerte impacto en la percepción política del Gobierno.

Rodrigo Paz, que lleva seis meses en el poder, afronta la crisis más grave de su mandato y debe evaluar cuidadosamente esta herramienta, ya que podría ser vista como una señal de autoridad institucional o como una escalada represiva por parte de sus adversarios.

El verdadero cambio tras la Ley 1341

La diferencia tras la posible abrogación de la Ley 1341 radica en que el costo jurídico para aplicar un estado de excepción se reduce, trasladando la decisión a un ámbito puramente político. Si la Cámara de Diputados confirma esta medida, será la negociación y el consenso político, más que los límites legales, lo que determinará su aplicación.

En medio de un conflicto que entra en su cuarta semana, esta transformación podría ser decisiva para el desarrollo político y social en Bolivia.

Fuente original: El Deber

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