El Gobierno ha asegurado que no ejecutará las órdenes de aprehensión vigentes contra los dirigentes de los sectores movilizados que participen en el diálogo nacional, con el fin de garantizar un ambiente propicio para las negociaciones.

El ministro de la Presidencia, Lupo, indicó en una entrevista con Unitel que durante las reuniones los líderes podrán gozar de todas las garantías necesarias para desarrollar el diálogo y buscar soluciones adecuadas. Esta decisión se da en medio de las investigaciones abiertas por el Ministerio Público contra dirigentes como Vicente Salazar, de la Federación de Campesinos Tupac Katari, y Mario Argollo, de la Central Obrera Boliviana, por delitos relacionados con instigación pública y terrorismo tras los recientes hechos de violencia durante las protestas.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, convocó a los dirigentes movilizados a participar en el diálogo, advirtiendo que, de no hacerlo, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, el ministro Lupo ofreció garantías expresas para que los dirigentes puedan asistir sin enfrentarse a presiones judiciales, argumentando que ejecutar las órdenes de aprehensión en este contexto sería contraproducente.

Las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía permanecen vigentes, y corresponde a la Policía su ejecución. Los sectores movilizados han puesto como condición para acudir al diálogo que estas órdenes queden sin efecto. No obstante, el ministro señaló que muchos de los casos ya están fuera de su ámbito y dependen de las decisiones del Ministerio Público.

Fuente original: ANF

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