La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB) ha solicitado un diálogo urgente para superar la actual crisis social y política del país. La organización advirtió que más de 30 días de protestas y bloqueos de carreteras están aumentando el aislamiento y la vulnerabilidad de numerosas comunidades indígenas, especialmente en el norte del departamento de La Paz.

En un comunicado, la CIDOB hizo un llamado a la reflexión y a la búsqueda de soluciones pacíficas entre las organizaciones movilizadas, las autoridades estatales y la sociedad civil. Subrayaron la necesidad de evitar que la confrontación profundice aún más la crisis social y económica que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables.

Contexto de las protestas

Las movilizaciones comenzaron el 1 de mayo, y desde el 6 del mismo mes se han mantenido bloqueos de carreteras, principalmente en el altiplano. Inicialmente con demandas sectoriales, el conflicto escaló hasta incluir el reclamo de renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses.

La CIDOB denunció que los actos de violencia, confrontación y vandalismo, sumados a los bloqueos prolongados, están afectando gravemente a la población, con un impacto particular en las comunidades indígenas del norte paceño, que se encuentran prácticamente aisladas y sufriendo consecuencias de un conflicto del que no son responsables.

Impacto y demandas

La organización señaló que las protestas y las demandas sociales son legítimas en un Estado democrático, pero insistió en que estas deben desarrollarse por vías pacíficas y con respeto al Estado de derecho, para no comprometer la estabilidad democrática ni la paz social.

El aislamiento provocado por los bloqueos provoca desabastecimiento y abandono en las comunidades indígenas, que dependen de las rutas terrestres y fluviales para acceder a alimentos, medicinas, combustibles, atención médica, educación y comunicación con centros urbanos.

Por ello, la CIDOB demandó al Gobierno nacional garantizar, dentro del marco constitucional y legal, los derechos fundamentales de la población, el libre tránsito, el abastecimiento y la seguridad de las comunidades afectadas.

Finalmente, la organización reiteró que el derecho a la protesta debe ejercerse con responsabilidad y respetando los derechos de terceros, para no convertir a las comunidades más pobres y alejadas en víctimas silenciosas de medidas de presión prolongadas.

Fuente original: ANF
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