La analista política y académica Jimena Costa calificó como “serio” el conflicto que atraviesa el Gobierno desde hace 39 días, señalando que no responde a reivindicaciones sociales comunes, sino a la influencia de organizaciones criminales y delincuenciales que aprovechan la débil institucionalidad del Estado, afectado por la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS).

Transición de los movimientos sociales a grupos delincuenciales

Costa explicó que los sindicatos han evolucionado en tres fases: primero como movimientos sociales, luego como entidades corporativas y actualmente con la interferencia de grupos delincuenciales que buscan representar políticamente a la población. Esta situación explica la violencia mostrada en las movilizaciones, que no presentan una agenda concreta más allá de exigir la renuncia del mandatario.

Vínculos con el narcotráfico y la financiación de movilizaciones

La analista vinculó actividades ilícitas como el narcotráfico con el gobierno del MAS, sugiriendo que estas redes podrían estar financiando las protestas mediante coacción y presión a las bases sociales para que participen en las movilizaciones, incluso bajo amenazas o incentivos económicos.

Criminalización de la protesta y deterioro social

Jimena Costa advirtió que estos movimientos han transformado a la población más vulnerable en víctimas y actores de violencia organizada, señalando que el accionar de estos grupos no es un conflicto étnico ni urbano-rural, sino un problema estructural que extorsiona y coacciona a las bases sociales.

Uso legítimo de la fuerza y llamado a la unidad política

Enfatizó que el Estado debe usar sus atribuciones legales para combatir estas redes criminales que amenazan la seguridad del país. Advirtió que, de no tomarse medidas firmes, Bolivia podría estar encaminándose hacia un Estado fallido donde grupos delincuenciales controlen territorios.

Costa hizo un llamado a políticos, gobernadores y autoridades a “cerrar filas” en torno al presidente Rodrigo Paz, subrayando que esto no representa un apoyo al gobierno actual, sino un compromiso con la institucionalidad y la democracia para frenar el avance de estas prácticas violentas.

Fuente original: ANF
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