El ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, descartó la posibilidad de un aumento del 5% del Presupuesto General del Estado (PGE) para el Órgano Judicial, calificándolo como una petición poco viable. Según Espinoza, el gobierno exige una “reingeniería financiera” dentro del sistema judicial para mejorar la administración de los recursos.

El ministro explicó que no se trata solo de solicitar mayores fondos, sino de definir claramente el uso y destino de esos recursos. Expresó que un aumento sobre el 5% del presupuesto actual plantea una discusión complicada, similar a la que se tuvo con la Central Obrera Boliviana, preguntando a qué otra área se le podría reducir el dinero para cubrir ese incremento.

Espinoza agregó que el Órgano Judicial ya contempla un aumento presupuestario significativo en la propuesta actual del PGE, sujeto a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Señaló que es necesario establecer una discusión profunda sobre la dirección y prioridades que debe seguir la justicia en Bolivia.

Además, señaló que el presupuesto estatal tiene límites y restricciones, por lo que no es posible ampliar los fondos de manera indefinida. Sin embargo, el incremento planificado representa una mejora considerable en comparación con años anteriores.

Reingeniería financiera y eficiencia

Wilson Santamaría, viceministro de Gestión Gubernamental, manifestó que, al igual que con otras instituciones estatales, se ha solicitado al Órgano Judicial realizar ajustes y una reingeniería financiera para optimizar su funcionamiento. La meta es que las entidades del sistema judicial sean más eficientes y puedan ofrecer un mejor servicio a la población usuaria.

También hizo un llamado a las máximas autoridades judiciales a privilegiar el diálogo y evitar medidas de presión como paros o movilizaciones que afectan a la ciudadanía.

Órgano Judicial no es un gremio

El ministro Espinoza consideró que el Órgano Judicial mantiene una postura más política que institucional, especialmente tras las recientes amenazas de un paro indefinido para exigir mejores condiciones presupuestarias. Destacó que, según la normativa vigente, este poder del Estado no está autorizado para paralizar sus actividades.

En resumen, el gobierno mantiene su firme posición en no incrementar el presupuesto judicial más allá del planteado, a la vez que impulsa reformas para una administración más eficiente de los recursos públicos.

Fuente original: ANF
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