La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del sábado el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, decisión que generó fuertes críticas por parte de la legisladora de Libre, Lissa Claros.

Durante el debate de la disposición final tercera del Proyecto de Ley de Modificaciones al PGE 2026, Claros expresó su rechazo contundente a la forma en que se aprobó el presupuesto, calificándola como “irresponsable” y cuestionando la falta de análisis por parte de la mayoría de los legisladores.

“Veo que hay prisa por aprobar un presupuesto totalmente irresponsable. No está bien, silben, y luego, cuando el país esté en mayor inflación, espero que tengan el valor para silbar, para dar explicaciones a la población boliviana, porque realmente lo que están haciendo es irresponsable”, manifestó la diputada.

Además, Claros acusó a sus colegas de actuar motivados por intereses alejados del verdadero debate parlamentario y lanzó críticas duras al afirmar que “las pegas, los QR y los maletines, todo lo pueden en la vida”.

La legisladora fue más allá, señalando que la actual bancada parlamentaria es incluso peor que la anterior del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Lamentable, pueblo boliviano, esta es la clase de parlamentarios que tienen, que levantan la mano por levantar sin ni siquiera discutir cada artículo presente. Esto es peor que el anterior parlamento, no es igual, es peor”, indicó.

Sus declaraciones generaron reacciones en la sesión, con cuestionamientos y abucheos por parte de varios legisladores. La discusión se prolongó desde las 18:00 del viernes hasta cerca de la medianoche.

Detalles del Presupuesto General del Estado 2026

El PGE 2026 incorpora anticipos financieros para entidades territoriales autónomas, manejo de saldos de caja y bancos del sistema único de salud universal y gratuito, así como obligaciones fiscales vinculadas a impuestos directos a hidrocarburos. También contempla la inscripción de recursos específicos, un régimen excepcional para la reorganización y liquidación de empresas públicas, el cierre de fideicomisos públicos y la conversión de obligaciones del fondo para la revolución industrial productiva.

El proyecto fue remitido al Senado para su revisión después de su aprobación en detalle en la Cámara de Diputados.

Fuente original: Unitel
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