El exgeneral Juan José Zúñiga se presentará este miércoles ante un Tribunal de Sentencia para una audiencia de cesación de la detención preventiva, programada para las 08:30. El militar busca recuperar su libertad dentro del proceso que enfrenta por el presunto intento de golpe de Estado en 2024.
El pasado 26 de junio, Zúñiga cumplió dos años de detención en el penal de El Abra, ubicado en Cochabamba. Según informó su abogado, Eduardo León, la audiencia será presencial y el régimen penitenciario deberá trasladar a Zúñiga para que participe en esta diligencia judicial.
Fundamentos del pedido de libertad
El abogado explicó que actualmente solo permanecen dos riesgos procesales vigentes: un supuesto peligro para las víctimas y la posibilidad de obstaculización del juicio, aunque asegura que ambos han sido desvirtuados por la defensa.
Zúñiga sigue detenido por el fallido levantamiento militar ocurrido el 26 de junio de 2024 en la plaza Murillo, en La Paz.
Zúñiga busca quedar en libertad
León indicó que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la Justicia para solicitar la cesación de la detención preventiva, incluyendo la publicación de garantías a favor de las presuntas víctimas.
“Lo hemos publicado y ya cumplimos con todos los requisitos. Lo que tendría que hacer el tribunal es otorgar la medida sustitutiva a la detención preventiva porque ya no existe motivo ni razón”, señaló el abogado, cuestionando una posible diferencia en la aplicación de la ley frente a otros casos.
Además, afirmó que Zúñiga es el único procesado que permanece con detención preventiva en este caso, mientras que otros involucrados cuentan con medidas sustitutivas, han aceptado procedimientos abreviados o son testigos protegidos, e incluso algunos ocupan cargos públicos como generales o escoltas de autoridades.
La audiencia determinará si Zúñiga continúa recluido en El Abra o puede defenderse en libertad mientras sigue el juicio por el levantamiento militar.
Antecedentes del caso
En 2024, la Justicia boliviana acusó formalmente a Zúñiga por alzamiento armado y terrorismo, manteniendo su detención preventiva por considerar que existían riesgos procesales.
Simultáneamente, el entonces presidente Luis Arce enfrentó acusaciones de presunto autogolpe, promovidas por sectores opositores que aseguraban que los hechos estaban dirigidos a mejorar la imagen del Gobierno.
El 26 de junio, en el segundo aniversario de la asonada, Zúñiga emitió una carta pública en la que denunciaba el poder de un “tirano” que, junto a sus autoridades, condujo al país a una crisis política, económica y social, afirmando que aunque encarcelaran sus cuerpos, nunca encarcelarían el honor de un soldado.
Fuente original: El Deber
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