La viceministra de una entidad gubernamental cuestionó la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria a un hombre acusado de captar a dos menores de edad en Cochabamba para un delito grave. Según explicó Echeverría, las adolescentes fueron engañadas con la promesa de un empleo y trasladadas desde Cochabamba hasta La Paz.

En lugar de un trabajo, las menores fueron llevadas a los Yungas, situación que genera gran preocupación en las autoridades por la vulneración de sus derechos.

Apoyo a la investigación y cumplimiento de protocolos

La autoridad enfatizó la importancia de que los jueces respalden los procesos investigativos que llevan adelante el Ministerio Público y la Policía en casos relacionados con la protección de menores. Consideró esencial que se cumplan estrictamente los protocolos establecidos para este tipo de delitos.

“Si el Ministerio Público imputa y la Policía ejecuta la aprehensión, necesitamos el apoyo de los jueces. Entonces, llamamos a que se cumplan los protocolos”, afirmó la viceministra.

Situación judicial del acusado

Luego de la detención del sospechoso, se realizó una audiencia de medidas cautelares en la que la autoridad judicial decidió otorgarle medidas sustitutivas a la detención preventiva. Esto significa que el acusado no fue enviado a un centro penitenciario, sino que cumple con la detención domiciliaria.

Este caso pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema judicial para sancionar delitos que afectan la integridad de los menores y la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas.

Fuente original: Unitel

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