La situación política en Bolivia se complica tras las declaraciones de Fernando Cerimedo, quien desde la cárcel de Palmasola acusó a sectores de querer dar un golpe de Estado para desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz. Cerimedo es sindicado en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y afirmó que el caso en su contra forma parte de un plan para afectar la estabilidad del Ejecutivo.
Denuncias y defensa
La defensa de Cerimedo, encabezada por el abogado José María Vega, denunció irregularidades en el proceso judicial, acusando al Ministerio Público de intentar tomar declaraciones sin la presencia de sus defensores. Vega anunció que presentarán documentación para demostrar la existencia de un golpe institucionalizado y cuestionó la actuación del fiscal de La Paz.
Debate sobre adelanto de elecciones
Mientras el caso genera controversia, políticos y analistas han abierto un debate sobre la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas. El escritor Ramiro Calasich sugirió que la administración de Paz no tiene capacidad para resolver la crisis actual, proponiendo un pacto político que permita un gobierno de transición. El politólogo Marcelo Aruquipa también planteó que un adelanto electoral podría ser la única salida política aceptable, descartando que el vicepresidente Edmand Lara asuma el mando durante este periodo.
Defensa del mandato constitucional
En contraste, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan defendió la permanencia de Rodrigo Paz en el cargo, subrayando que fue elegido en segunda vuelta con más de 3,5 millones de votos y que su periodo constitucional va de 2025 a 2030. Santistevan advirtió que forzar la salida anticipada del presidente sería un golpe de Estado y recordó que la Constitución contempla mecanismos legales como el referéndum revocatorio para expresar el rechazo ciudadano.
Situación judicial de Cerimedo
Un juez cautelar de La Paz determinó la detención preventiva de Cerimedo por seis meses en la cárcel de Chonchocoro. Cerimedo enfrenta varios procesos: por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller, violencia intrafamiliar, enriquecimiento ilícito y una investigación por presunto tráfico de drogas. Desde la cárcel reiteró que busca aclarar los hechos y recuperar su reputación, negando cualquier control o influencia dentro del Gobierno y defendiendo su trayectoria como consultor político internacional.
Fuente original: El Deber
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