La Justicia ha decidido dar por concluido el proceso penal iniciado contra autoridades y líderes de Santa Cruz vinculados al paro de 36 días realizado en 2022, en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda.
El caso comenzó el 11 de noviembre de ese año con una denuncia presentada por Marcelo Mayta Huanca, secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto. Posteriormente, el Viceministerio de Transparencia se sumó al proceso representando al gobierno del presidente Luis Arce. Entre los cargos denunciados estaban racismo, discriminación, asociación delictuosa, desórdenes públicos y terrorismo.
Entre los procesados figuraban importantes figuras como el entonces gobernador Luis Fernando Camacho, el exrector de la Uagrm Vicente Cuéllar, el abogado José Luis Santistevan y el actual rector Reinerio Vargas.
Reacciones de los líderes procesados
José Luis Santistevan expresó su satisfacción por la extinción del proceso y calificó el caso como un “proceso penal armado por el centralismo”, utilizado para mantener encarcelado a Camacho durante tres años en el penal de Chonchocoro. Santistevan destacó la resistencia de los cruceños ante el abuso y la persecución, asegurando que la lucha contra el centralismo continuará de forma permanente.
Además, afirmó que jamás se pudo demostrar con pruebas las acusaciones contra los procesados, y definió el proceso como “canalla y político”, promovido para amedrentar a Santa Cruz y despojarla de su gobernador titular electo.
Reinerio Vargas calificó la decisión judicial como un “beneplácito” debido al desgaste físico y emocional que implicó enfrentar las acusaciones. Destacó la importancia de la perseverancia para superar las dificultades.
Por su parte, Martín Camacho, abogado de Luis Fernando Camacho, afirmó en sus redes sociales que con la finalización del proceso judicial se pone fin definitivo a cualquier tipo de persecución contra el exgobernador, y señaló que “el objetivo del MAS era perseguir a nuestros líderes y relegar a nuestro departamento”.
Conclusión
El cierre de este proceso penal representa el fin de una etapa conflictiva para los líderes cruceños implicados, mostrando que las acusaciones carecían de fundamento sólido y que la justicia fue utilizada políticamente para intentar silenciar demandas sociales y derechos fundamentales garantizados por la Constitución.
Fuente original: El Deber
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