El vocero del Ejecutivo municipal de Santa Cruz de la Sierra, Bernardo Montenegro, informó que la Alcaldía ha agotado todas las instancias legales en el caso Mutualista durante más de dos años, pero enfrenta actualmente una sentencia constitucional que está obligada a cumplir, pese a las irregularidades detectadas en el proceso.
Montenegro explicó que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional obliga a la Alcaldía a entregar los documentos del predio donde se encuentra el mercado Mutualista a Nelson Miguel Crapuzzi, miembro de la familia Crapuzzi, quien reclama la propiedad del terreno.
Tras el rechazo en dos ocasiones por parte del Ministerio Público, la Alcaldía presentó una reconversión a acción ordinaria para continuar la investigación sobre presunta falsificación del plano sepia, inconsistencias en documentos y la declaratoria de herederos, entre otras irregularidades.
Informe de la Comisión del Tribunal Supremo de Justicia
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) divulgó un informe donde detecta documentación irregular en la supuesta transferencia del terreno, inconsistencias en la identidad del supuesto propietario y posibles delitos en actuaciones judiciales, incluido un amparo tramitado fuera de jurisdicción. El informe también señala indicios de prevaricato en una sentencia constitucional.
El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, afirmó que aunque la sentencia constitucional viene del Tribunal Constitucional Plurinacional, no se puede ignorar que contiene prevaricato.
Sin soluciones para la sentencia constitucional
Montenegro señaló que el informe del TSJ, aunque detecta irregularidades, no propone una solución concreta para evitar el cumplimiento del fallo constitucional. Además, el proceso por prevaricato no anula la sentencia.
«Se han denunciado irregularidades y procesos contra jueces y administradores de justicia, pero no se ha dado respuesta sobre cómo evitar el cumplimiento de una sentencia irreversible e inapelable», expresó.
El vocero recordó que el alcalde Jhonny Fernández está procesado con medidas sustitutivas y enfrenta riesgo de detención si incumple la sentencia.
Montenegro planteó dos escenarios: que el TSJ proponga una solución legal para no ejecutar la sentencia o, en su defecto, proceder con su cumplimiento ante la falta de alternativas jurídicas.
«Hoy la realidad es la sentencia constitucional que manda, aunque con una manera de proceder que resulta extraña», concluyó.
Finalmente, el vocero afirmó que el informe del TSJ coincide con denuncias previas realizadas por la Alcaldía respecto a este caso.
Fuente original: El Deber
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