Este lunes, siete brigadas parlamentarias departamentales de Bolivia aprobaron una resolución conjunta en apoyo a las medidas del Gobierno nacional, incluyendo el estado de excepción, con el objetivo de preservar el orden constitucional y asegurar el abastecimiento de productos esenciales.

Los representantes de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Pando, Chuquisaca y Beni firmaron esta resolución compuesta por doce artículos. Estos legisladores se comprometieron a impulsar y apoyar desde sus escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la aprobación de medidas legales que prevengan y sancionen bloqueos prolongados u otras formas de presión que afecten la economía, el abastecimiento nacional y la estabilidad del país.

Aplicación de la ley y exigencias judiciales

La resolución también hizo un llamado a las autoridades judiciales y fiscales para que cumplan con las actuaciones pendientes relacionadas con la aprehensión del expresidente Evo Morales, demandando que se ejecute conforme a la normativa vigente.

Además, se exhorta a las instituciones responsables de la justicia y el orden público a garantizar la aplicación estricta de la ley. En particular, se solicitó la intervención y militarización inmediata del Chapare, en Cochabamba, para evitar nuevos levantamientos y actos sediciosos.

Acciones contra líderes sociales y solicitud de renuncia

Los parlamentarios pidieron al Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General iniciar procesos legales contra el senador Nilton Condori, el Secretario de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo y el ejecutivo de la Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’, señalados como responsables de los conflictos sociales y bloqueos que afectaron al país durante casi dos meses.

Asimismo, exigieron la renuncia inmediata e irrevocable del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, a quien se le atribuyó omisiones durante las movilizaciones.

Rechazo a interferencias extranjeras y llamado al diálogo

Las brigadas manifestaron su rechazo a supuestas injerencias de actores extranjeros en los asuntos internos de Bolivia. Por ello, solicitaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores informe oficialmente al Gobierno de Argentina para que investigue estos hechos y, de confirmarse responsabilidades, aplique las sanciones que su legislación disponga.

Finalmente, los legisladores solicitaron la apertura de espacios de diálogo para construir un nuevo pacto fiscal denominado ’50-50′, orientado a una distribución más justa de los recursos públicos entre los departamentos y a fortalecer el desarrollo regional.

Fuente original: El Deber

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