Más de 500 conductores de transporte permanecen varados en la carretera hacia Desaguadero debido a bloqueos y paralizaciones de rutas en Bolivia, situación que empieza a generar una crisis humanitaria, según denunció Víctor Tarqui, secretario general de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia.
Tarqui calificó la situación como insostenible, debido a la falta de acceso a alimentos, agua potable y atención médica para los transportistas varados. Señaló que tanto choferes de buses de pasajeros como conductores del transporte pesado enfrentan estas condiciones extremas.
Exigencias y críticas al gobierno
El dirigente demandó al gobierno de Rodrigo Paz la liberación inmediata de las carreteras y la implementación de acciones urgentes para pacificar el país, que atraviesa un conflicto social de más de 20 días con bloqueos en varias rutas estratégicas.
Además, Tarqui pidió que el Ejecutivo reconozca públicamente sus errores en la gestión de la crisis, especialmente en cuanto al abastecimiento y calidad de combustibles, elementos que considera detonantes del conflicto.
Cuestionó la capacidad de diálogo del gobierno y solicitó una reestructuración del gabinete ministerial, proponiendo el reemplazo de autoridades incapaces por personas probas y técnicamente preparadas para negociar y encontrar soluciones.
Impacto económico en el sector transporte
El dirigente alertó también sobre la grave situación económica para el sector transporte, con cientos de familias sin ingresos debido a la paralización. Destacó que muchos conductores enfrentan deudas bancarias, alquileres y otras obligaciones financieras sin posibilidad de hacerles frente.
Expresó la desesperación de los afectados por la falta de perspectivas mientras las terminales y rutas permanecen cerradas.
Contexto del conflicto social en Bolivia
El conflicto se enmarca en un escenario de creciente tensión social en Bolivia, donde diversos sectores han protagonizado protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Las demandas incluyen rechazo al aumento del costo de vida, inflación, escasez de combustibles y deterioro del poder adquisitivo.
También existen rechazos a las políticas de apertura económica y privatización impulsadas por el Ejecutivo, percibidas por organizaciones sociales como perjudiciales para comunidades campesinas e indígenas.
El presidente Paz ha asegurado que no se privatizarán empresas estatales ni habrá aumentos tarifarios desmedidos. A su vez, el gobierno denuncia intentos de desestabilización política, mientras los manifestantes sostienen que sus movilizaciones reflejan un creciente malestar social.
Fuente original: ANF
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