El Gobierno de Rodrigo Paz obtuvo la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional para extender por 90 días más el estado de excepción, vigente desde junio, tras meses de movilizaciones y bloqueos que dejaron pérdidas económicas millonarias y al menos 22 muertos. Sin embargo, esta medida no ha logrado eliminar las causas que originan el conflicto social y político en Bolivia.

Diversas organizaciones sociales, como la Federación de Campesinos Túpac Katari y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, rechazaron la ampliación argumentando que afecta el derecho a la protesta. En este contexto, especialistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos coinciden en que la estabilidad no debe depender de estados de excepción ni de una salida anticipada del gobierno.

El debate sobre la renuncia presidencial

Durante las protestas de mayo y junio, el reclamo por la renuncia del presidente Paz tomó protagonismo y se reavivó al concluir el primer estado de excepción. El ministro de Trabajo denunció que Evo Morales promueve el acortamiento del mandato presidencial, mientras otros actores políticos apoyan esta idea. Incluso el vicepresidente Edmand Lara manifestó estar dispuesto a apoyar un referéndum revocatorio para facilitar una transición.

Sin embargo, expertos constitucionalistas y analistas políticos advierten que esta no es una solución efectiva. Sósimo Paniagua, de la Central Obrera Departamental, afirma que el problema es estructural y económico, y no se resolvería con un cambio anticipado de mando. José Antonio Rivera subraya la necesidad de abordar estos problemas sin provocar mayor confrontación, y Daniel Moreno llama a alcanzar un gran acuerdo nacional dentro del marco constitucional para superar la crisis.

La pérdida de capacidad institucional

El exlegislador Germán Gutiérrez Gantier describe la crisis como política, social, económica y moral, con una degradación profunda de las instituciones del Estado. Denuncia un vacío de poderes y un desorden total en los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, que pone en riesgo el funcionamiento democrático y exige medidas urgentes.

El analista Marcelo Silva destaca la necesidad de que el Gobierno ofrezca respuestas concretas para atender las demandas sociales y económicas, lo que podría disminuir la presión por salidas anticipadas.

Perspectivas sobre la ampliación del estado de excepción

La activista Águeda Colque rechaza la prolongación del estado de excepción, pues considera que profundiza la incertidumbre y obstaculiza la construcción de soluciones basadas en derechos. Ella advierte que sin un plan nacional que enfrente la crisis multidimensional, los problemas persistirán independientemente de quién esté en el poder.

Colque también denuncia la polarización, discriminación y racismo evidenciados en las movilizaciones, y afirma que la crisis económica y social requiere un cambio en las políticas públicas para conectar mejor con las necesidades de la población.

Impacto humano y llamado a la prevención

La Defensoría del Pueblo reportó 22 fallecidos durante las protestas y bloqueos, la mayoría personas no involucradas directamente en el conflicto. Esta situación vuelve a poner en evidencia la necesidad de evitar que futuras crisis afecten a la ciudadanía de forma indiscriminada.

El Gobierno sostiene que la extensión del estado de excepción busca prevenir nuevos escenarios de conflicto, aunque especialistas insisten en que solo una salida democrática y el fortalecimiento institucional podrán evitar la profundización del quiebre social y político en Bolivia.

Fuente original: ANF

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