Repercusiones tras las listas de restricciones de Estados Unidos

El 28 de septiembre y el 22 de octubre, Estados Unidos difundió dos listas con restricciones de visa que afectaron a diversas autoridades y exfuncionarios bolivianos, involucrados en supuestos vínculos con corrupción o narcotráfico. Estas medidas provocaron distintas consecuencias dentro de Bolivia, incluyendo detenciones preventivas, destituciones y renuncias en instituciones clave.

Prisiones preventivas y procesos judiciales

Entre los casos más relevantes está el del ex fiscal general Róger Mariaca, incluido en la primera lista y señalado por corrupción significativa. El 3 de octubre, la justicia boliviana ordenó detención preventiva por seis meses para Mariaca, así como para el ex fiscal departamental Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio, todos vinculados a una investigación sobre una presunta red de protección al narcotráfico relacionada con el uruguayo Sebastián Marset.

Los detenidos fueron enviados a diferentes cárceles: Mariaca a Cantumarca en Potosí; Zeballos a El Abra en Cochabamba; Irusta a Patacamaya en La Paz; y Aparicio a Chonchocoro. Tres de ellos figuraban en la lista estadounidense, y Aparicio fue procesado en el mismo caso.

Destituciones en el Ministerio Público y renuncias en el Órgano Judicial

La segunda lista generó también efectos inmediatos en el Ministerio Público y la Justicia. El fiscal general José Armando Urioste confirmó la destitución de los fiscales Félix Gerardo Balderas Arteaga y Julio César Porras Velarde, en el marco de una medida administrativa que afectó a 60 funcionarios en total. Investigaciones penales podrían ser abiertas después de recopilar antecedentes.

En el Órgano Judicial, Aldo Quezada renunció a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz tras ser incluido en la lista. Su sucesor, Nelson Alba, solicitó licencia, mientras que Irma Villavicencio fue elegida presidenta del TDJ.

Presión política a diputados vetados

En la Asamblea Legislativa, los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Pacheco Chávez también fueron inscritos en la segunda lista. Mientras López enfrenta pedidos de separación por parte de figuras públicas, él mantiene su defensa y derecho a presunción de inocencia. Por su parte, Pacheco reafirmó que no renunciará a su curul y continuará en sus funciones.

Investigación interna en la Policía Boliviana

Además, la Policía Boliviana abrió una investigación contra el coronel Franz Cabrera Quispe, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), quien fue apartado de sus funciones y pasó a la situación administrativa conocida como Letra E.

Detalles de las listas estadounidenses

La primera lista, del 28 de septiembre, identificó a 13 personas con visa revocada, incluyendo a exfuncionarios judiciales, fiscales y policías. La segunda, del 22 de octubre, amplió la lista a 15 personas más, entre diputados, jueces, fiscales y otros funcionarios.

Estas medidas del Departamento de Estado de EE.UU. buscan sancionar a personas vinculadas con actividades de corrupción y narcotráfico, afectando a gobiernos democráticamente elegidos. Sin embargo, las restricciones de visa son acciones administrativas y no constituyen condenas penales, mientras que las investigaciones en Bolivia aún están en curso y no implican culpabilidad definitiva.

Fuente original: El Deber

Enlace de la noticia original: https://eldeber.com.bo/pais/lista-negra-eeuu-carcel-destituciones-renuncias-paso-autoridades-bolivianas-vetadas_1792862122