El gobierno de Estados Unidos ha incluido al fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, en una política de restricciones de visa dirigida a ciudadanos extranjeros acusados de corrupción y narcotráfico que afectan a gobiernos democráticamente elegidos. La administración de Donald Trump, a través del Departamento de Estado, señala a Mariaca por presuntamente haber abusado de sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos con el fin de facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. Sin embargo, no se ofrecieron detalles adicionales sobre las acusaciones.

Además de Mariaca, la medida afecta a otras 12 personas, incluyendo al exministro de Justicia Iván Lima, así como a fiscales, jueces, magistrados y un exejecutivo de la Aduana. Estas personas y sus familias han tenido sus visas revocadas o se les ha declarado inelegibles para obtener visas en Estados Unidos.

Reacciones y acciones del gobierno boliviano

Ante esta situación, el exfiscal Roger Mariaca ha apelado bajo el argumento de la no injerencia en asuntos internos de Bolivia. Por otro lado, el gobierno boliviano ha anunciado que solicitará pruebas concretas a las autoridades estadounidenses para responder a las acusaciones y buscar esclarecer la situación.

Propuesta de la oposición

En respuesta a la medida estadounidense, la oposición política en Bolivia plantea la creación de una comisión investigadora que analice los hechos y determine responsabilidades, buscando transparencia y defensa de las autoridades nacionales afectadas.

Fuente original: Unitel
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