El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó sobre cuatro irregularidades detectadas por la comisión de transparencia en el proceso legal relacionado con el predio Mutualista, cuyo dominio está en disputa entre la Alcaldía de Santa Cruz y la familia Crapuzzi.
Primera irregularidad: la declaratoria de herederos
Se constató que en la declaratoria de herederos a favor de Nelson Crapuzzi, quien reclama la propiedad del terreno, no se menciona el predio Mutualista. Miguel Crapuzzi, previo propietario y padre de Nelson, habría sido el dueño inicial del terreno. Sin embargo, el documento que declara a Nelson Crapuzzi heredero no especifica que esta herencia incluya el predio en cuestión.
Segunda irregularidad: falta de documentación en la transferencia
La transferencia del predio por parte de Rogelio Cuéllar y Nelfy Paz en 1969 hacia Crapuzzi carece de respaldo documental. En la Notaría de Fe Pública 1 de Santa Cruz se indicó que no existe la minuta de transferencia ni la cédula de identidad correspondiente, lo que genera dudas sobre la entrega de documentos por parte de Derechos Reales.
Tercera irregularidad: inconsistencias en los datos de identidad
El Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) muestra discrepancias en la escritura del apellido entre padre e hijo, donde figura como “Crafuzzi” en lugar de Crapuzzi. Este error impide que se pueda validar correctamente la condición de heredero sin realizar las correcciones legales correspondientes.
Cuarta irregularidad: competencia judicial y medidas cautelares
Una jueza de Pailón admitió un amparo para anular la Ley Municipal 417, que declara al Mutualista como dominio público, pese a no tener competencia en esta jurisdicción, ya que el predio se encuentra en Santa Cruz de la Sierra. La jueza también dictó medidas cautelares que prohibían construcciones en los predios, pero posteriormente argumentó falta de competencia. El TSJ ha remitido el caso al Ministerio Público para investigación por estas actuaciones.
Saucedo afirmó que estas irregularidades culminan en una sentencia constitucional cuestionada relacionada con el caso, y denunció la existencia de prevaricato en la resolución emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que favorece a la familia Crapuzzi.
Fuente original: Unitel
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