El expresidente boliviano Evo Morales respondió al inicio de la investigación fiscal que busca avanzar hacia un juicio de responsabilidades en su contra por el denominado “caso Hotel Las Américas”. Morales afirmó estar dispuesto a ir a prisión si esa fuera la consecuencia de haber defendido la unidad territorial del país.
En su programa radial en Radio Kawsachun Coca, Morales declaró: “Si Evo tiene que ir a la cárcel por defender la unidad del territorio nacional, excelente”. Además, manifestó que no planea contratar abogados para su defensa en caso de que se apruebe el juicio.
El expresidente calificó el proceso como una maniobra de sectores separatistas para juzgarlo, insistiendo en que sus acciones estuvieron alineadas con la defensa de la integridad territorial boliviana.
Investigación y acusaciones
El fiscal general interino, Armando Urioste, informó que luego del análisis de admisibilidad emitirá un informe ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para iniciar la fase de acumulación de antecedentes para el juicio de responsabilidades contra Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera.
La investigación surge a raíz de una acusación presentada por la bancada Libre, que señala a Morales por delitos relacionados con el operativo policial en el Hotel Las Américas en abril de 2009. Dicho operativo dejó como saldo tres muertos y detenciones de personas acusadas de terrorismo y separatismo.
Este caso involucra además denuncias por presuntos delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad, que fueron presentadas por víctimas que permanecieron detenidas años bajo esas condiciones. Sin embargo, la admisión fiscal ha generado polémica porque excluyó a algunos funcionarios y operadores de justicia señalados en la querella original.
Contexto del caso Hotel Las Américas
El caso se refiere a la intervención policial en el Hotel Las Américas en 2009 en Santa Cruz, donde murieron tres ciudadanos extranjeros acusados de integrar una célula terrorista que supuestamente planeaba un atentado y la secesión de la región oriental de Bolivia. Este hecho desató un largo proceso judicial marcado por denuncias de violaciones a derechos humanos.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado boliviano incurrió en graves violaciones, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, lo que transformó sustancialmente la investigación original.
Fuente original: Los Tiempos
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