Desde la noche del lunes, el gobierno boliviano inició gestiones para obtener información sobre las recientes acusaciones emitidas por Estados Unidos contra autoridades y exautoridades nacionales. Este martes, se formalizó la solicitud para esclarecer los detalles del caso, informó el portavoz presidencial José Luis Gálvez.

“Esperamos recibir pronto la información solicitada y entender las razones detrás de estas acciones. Con esta claridad, podremos definir nuestra postura respecto a lo ocurrido”, expresó Gálvez durante una entrevista en el programa “Otra noche con Sissi Áñez” transmitido por EL DEBER.

Contexto del caso

El gobierno estadounidense señaló a 13 personas vinculadas a cargos públicos bolivianos a quienes se les revocó la visa de ingreso a ese país. Esta situación generó una reacción inmediata en Bolivia, donde la Asamblea Legislativa convocó a una sesión para el 5 de octubre con el fin de analizar y debatir el caso a profundidad.

Respuesta y acciones nacionales

Según Gálvez, la Asamblea Legislativa es el ente competente para abordar esta cuestión y tomar las decisiones pertinentes conforme a la ley boliviana. Los presidentes de ambas cámaras impulsaron esta convocatoria, y el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, oficializó la sesión para la fecha indicada.

Además, el portavoz destacó que la Asamblea cuenta con la potestad para juzgar al fiscal general si así lo determina, aplicando la Ley 044 que regula el juzgamiento de altas autoridades del Estado. El fiscal general en cuestión, Mariaca, fue posesionado el 22 de octubre de 2024, tiene un mandato de seis años y permanece en el cargo desde hace menos de dos años.

“El Gobierno mantendrá una actitud prudente y esperará los resultados del análisis que realice la Asamblea”, añadió Gálvez.

Fuente original: El Deber

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