Movilizaciones y rechazo al diálogo
Dirigentes de organizaciones sociales como Bartolinas Sisa, Ponchos Rojos y la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen una postura firme: exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y rechazan cualquier diálogo con el Gobierno. Una columna de cocaleros del Chapare avanza hacia La Paz con el mismo objetivo, consolidando una movilización masiva contra el jefe de Estado.
Acusaciones de sedición y golpe de Estado
Los legisladores de las bancadas PDC, Libre y Unidad denunciaron que Evo Morales, la COB y campesinos aliados con el senador suplente Nilton Condori están gestando actos de sedición para derrocar al Gobierno y a la Asamblea Legislativa. Según el diputado Édgar Zegarra, esta operación antidemocrática busca no solo la salida del presidente Paz sino asfixiar a la población paceña con bloqueos que dificultan el acceso a alimentos, replicando la crisis de 2019.
Detalles del plan golpista
Brayan Cuba, dirigente desligado del plan según manifestó, reveló que el Pacto de Unidad, junto a la COB, sectores como el magisterio y transportistas, y el senador suplente Nilton Condori, articulan esta estrategia que se intensificó tras una reunión en Cochabamba y un encuentro del MAS en La Paz. El plan contempla bloquear el suministro de alimentos para desestabilizar al Gobierno antes de fin de año.
Monto económico detrás de las protestas
Según Cuba, las movilizaciones cuentan con financiamiento por participar en bloqueos y marchas, sumando entre 300 y 500 bolivianos diarios para quienes se mantengan en los puntos de protesta. Un audio presentado como prueba menciona pagos por bloquear zonas claves, reforzando la hipótesis de una maniobra económica detrás de la protesta social.
Postura de los líderes sociales
Mario Argollo de la COB afirmó que la renuncia de Rodrigo Paz es la única salida viable, buscando que un campesino asuma la presidencia. Juliana Torres, de las Bartolinas, enfatizó que no retrocederán y que el reclamo persiste desde enero, criticando al presidente por alejarse de las bases sociales hacia las élites cruceñas.
Reacciones políticas y legales
Manilo Rojas, presidente de la Comisión de Justicia Plural, calificó las acciones de sedición y desestabilización como delitos penados por ley y pidió que los responsables sean perseguidos por el Ministerio Público. Por otro lado, el vicepresidente Edmand Lara y el gobernador Leonardo Loza mostraron una imagen conjunta, llamando a la pacificación pero dejando abierta la posibilidad de apoyar protestas pacíficas.
Respuesta oficial del Gobierno
El ministro José Fernando Romero afirmó que Rodrigo Paz no renunciará porque fue elegido democráticamente y que ceder ante presiones radicales pone en riesgo la estabilidad y la democracia en Bolivia. El Gobierno insiste en el llamado al diálogo pese a la firme negativa de los manifestantes.
Fuente original: El Deber
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