La concejal de Santa Cruz de la Sierra, María Victoria Rosales, anunció que el Concejo Municipal iniciará una fiscalización rigurosa contra el dirigente sindical Robert ‘Pimpo’ Hurtado y otros representantes de la red sanitaria local. Esta acción responde a indicios de una posible red de influencia que habría operado durante más de diez años dentro del sistema municipal de salud.

Rosales manifestó que el Ministerio de Trabajo no reconoció el paro de 72 horas convocado por los trabajadores de salud entre el 21 y 23 de julio. Según sus declaraciones, esta medida fue declarada ilegal, lo que conlleva sanciones y destituciones para los funcionarios que participaron en la protesta.

Fiscalización y acciones municipales

La funcionaria explicó que ya se han iniciado las investigaciones y controles en varios hospitales. De acuerdo con informes oficiales, solo once trabajadores no se presentaron a sus puestos durante el paro. El alcalde Mamén Saavedra ha mostrado firmeza en garantizar el funcionamiento de los servicios de salud, realizando controles conjuntos con el Concejo Municipal.

Investigación a Robert ‘Pimpo’ Hurtado

El foco principal de la investigación es el dirigente sindical Robert ‘Pimpo’ Hurtado, quien lleva más de una década vinculado al sindicato y tiene a varios familiares empleados en el sector salud. Rosales denunció una presunta red de favoritismos y beneficios personales que afectan el normal desempeño del sistema sanitario.

Compromiso con el orden y la transparencia

La concejal enfatizó que estas acciones no buscan desmerecer al personal que ha trabajado arduamente, especialmente durante la pandemia, sino poner orden en un sistema que, según ella, ha estado descontrolado durante años. La fiscalización y la denuncia presentada por la Comisión de Constitución buscan transparentar y regularizar el funcionamiento del sector salud municipal.

Origen del conflicto y postura municipal

El paro fue motivado por la falta de pago del bono viático de vacunación, una responsabilidad compartida entre la Gobernación de Santa Cruz y el Ministerio de Salud, según los dirigentes sindicales. Sin embargo, el municipio asegura haber cumplido con el pago de salarios y beneficios bajo su jurisdicción. Ante la protesta, la Alcaldía envió personal a verificar la asistencia en hospitales y anunció la posible destitución de quienes hayan participado en el paro.

Fuente original: El Deber
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