La Cámara de Diputados aprobó esta mañana la Ley de Estados de Excepción, una normativa que establece el marco legal para implementar medidas extraordinarias destinadas a garantizar la seguridad nacional. Tras la sanción, el texto fue remitido al presidente Rodrigo Paz para su promulgación.
La aprobación se dio en la 126.ª sesión ordinaria de la Cámara Baja, que duró aproximadamente 14 horas y terminó cerca de las 06:00 de hoy. Ahora corresponde al Ejecutivo decidir la promulgación de esta ley.
Objetivo de la ley
El principal objetivo es regular los mecanismos constitucionales aplicables en situaciones de amenazas externas, conflictos internos graves o emergencias derivadas de fenómenos naturales, asegurando al mismo tiempo la protección de los derechos y garantías ciudadanos establecidos en la Constitución Política del Estado.
Contexto social y razones para la aprobación
Bolivia atraviesa por 38 días consecutivos de bloqueos y movilizaciones en diversas regiones. La situación se ha complicado con episodios violentos, como el ocurrido en San Julián, municipio cruceño, donde seis policías resultaron heridos. La ley se aprobó para controlar el desorden generado por sectores movilizados que rechazan el diálogo y recurren a bloqueos perjudiciales para la población.
Disposiciones clave de la ley
- Declaratoria de Estado de Excepción: facultad del presidente para decretar esta situación ante riesgos para la seguridad, amenazas externas, alteraciones graves del orden interno o desastres naturales importantes.
- Participación de las Fuerzas Armadas: autorizadas a actuar en operaciones de control cuando la Policía no pueda garantizar el orden, previa convocatoria de la máxima autoridad del Ejecutivo.
- Continuidad del Ministerio Público: que mantendrá sus funciones y coordinará investigaciones con organismos de seguridad durante los estados de excepción.
- Uso de la fuerza: debe aplicarse bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y estricta necesidad, limitándose a amenazas graves e inminentes contra la población, la institucionalidad democrática o infraestructuras estratégicas.
Con esta ley, Bolivia busca fortalecer su marco legal para responder eficazmente a crisis que afectan la seguridad y el orden público, garantizando un equilibrio con la protección de derechos fundamentales.
Fuente original: ANF
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