La Ley 1740, que regula los estados de excepción en Bolivia, ya está vigente tras su promulgación por el presidente Rodrigo Paz. El mandatario destacó que el “narcoterrorismo” representa una amenaza a la democracia y estabilidad del país.

Sin embargo, la implementación de un estado de excepción no será automática. Requiere un decreto presidencial que debe ser enviado al Legislativo, que cuenta con 72 horas para aprobarlo o rechazarlo.

Catherine Pinto, presidenta de la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas, aclaró que esta ley no otorga licencia para que la Policía y las Fuerzas Armadas actúen libremente. Rechazó la idea que se haya autorizado el uso de armas letales contra protestas.

Regulación y límites en la aplicación del estado de excepción

La ley, compuesta por 27 artículos, establece requisitos estrictos para el decreto de activación de la medida, tales como:

• Definir el ámbito territorial
• Justificación basada en la gravedad de la amenaza
• Proporcionalidad en el uso de la fuerza
• Subsidiariedad y agotamiento previo del diálogo

La Policía actuará bajo coordinación del Ministerio de Gobierno. La intervención de las Fuerzas Armadas, canalizada a través del Ministerio de Defensa, estará limitada al apoyo logístico, resguardo de vías fundamentales y protección de instalaciones estratégicas.

El artículo 21 señala que la movilización de tropas militares solo podrá darse por orden escrita del Presidente si los grupos subversivos sobrepasan a la fuerza policial. Además, se prioriza la preservación de la vida mediante un uso diferenciado de la fuerza.

Duración y condiciones del estado de excepción

Un estado de excepción puede durar un máximo de 90 días y solo podrá ser ampliado con autorización previa de la Asamblea Legislativa. No se permite que su aplicación responda a criterios discriminatorios.

Uno de los puntos más discutidos es el artículo 26, que concede a policías y militares una “presunción de legalidad operativa” en sus actos. Pinto defendió esta disposición argumentando que sería ilógico pensar que estos actores fueron formados para vulnerar derechos constitucionales.

En contraste, el diputado Juan Del Granado votó en contra y alertó que esta presunción podría generar un sistema de protección indebido para quienes ejercen el monopolio de la fuerza.

El artículo 27 establece que, si policías o militares enfrentan procesos judiciales durante el estado de excepción, los ministerios brindarían asesoramiento legal, excepto cuando estén involucrados en actos de arbitrariedad, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual u otras violaciones a los derechos humanos.

Contexto y reacciones

La promulgación de la ley ocurrió al iniciarse la sexta semana de conflictos y bloqueos. En su mensaje, el presidente Paz reiteró la amenaza del “narcoterrorismo” y llamó al diálogo, pero advirtió contra infiltrados y violentos.

Desde el trópico de Cochabamba, dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré respondieron amenazando con tomar instalaciones militares si se declara oficialmente el estado de excepción bajo esta norma. Aclararon que serían “tomas pacíficas y vigilias” en entidades militares del Chapare, pero advirtieron sobre posibles consecuencias si se envían militares o policías a puntos de bloqueo.

Fuente original: El Deber

Enlace de la noticia original: https://eldeber.com.bo/pais/ley-estados-excepcion-esta-vigente-aplicarla-requiere-aval-legislativo_1781002078