La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba ha dictado una sentencia que declara “la nulidad de pleno derecho” del juicio abierto el 25 de marzo de 2009 contra Carlos Sánchez Berzain, exministro de Defensa y otros integrantes del gabinete del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Este juicio estaba relacionado con los hechos violentos ocurridos en septiembre y octubre de 2003, conocidos como “octubre negro” o la “guerra del gas”.

Según informa el portal Infobae, se declaró probada una acción de libertad, un recurso constitucional que reemplaza al habeas corpus en Bolivia. Esta acción fue interpuesta por la abogada Patricia Cleobereida Guevara en representación de Sánchez Berzain y otros exministros, solicitando la anulación del proceso judicial iniciado por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

La consecuencia principal de esta resolución es que el juicio de responsabilidades ha quedado anulado, sin efecto legal, beneficiando únicamente a los exministros involucrados. Además, la sentencia ordena la suspensión inmediata de cualquier medida restrictiva de derechos, así como de órdenes de aprehensión relacionadas.

Contexto histórico y político

El juicio anulado fue iniciado principalmente contra Sánchez de Lozada, sus ministros y miembros del Alto Mando Militar, muchos de los cuales fueron condenados y cumplieron penas privativas de libertad. Sánchez Berzain salió al exilio con el expresidente ese mismo 17 de octubre de 2003, obteniendo asilo político en Estados Unidos, mientras otros ministros recibieron refugio en países como Perú y España.

Sánchez Berzain ha defendido públicamente que este juicio ha sido una persecución política judicializada en el marco de lo que él llama “la traición de Carlos Mesa para la toma del poder por Evo Morales”. Acusa a Morales de liderar el derrocamiento y cometer crímenes para cesar el mandato constitucional de Sánchez de Lozada.

Decreto de amnistía y consecuencias

El 31 de octubre de 2003, el entonces presidente interino Carlos Mesa emitió el Decreto Supremo 27234, que otorgó amnistía para todos los delitos relacionados con las protestas que provocaron la renuncia de Sánchez de Lozada. Sánchez Berzain sostiene que esta amnistía favorece a los movilizados que después se convirtieron en acusadores y perseguidores de los miembros del gobierno depuesto.

Como constitucionalista y académico, Sánchez Berzain ha argumentado que la amnistía no se aplica a inocentes, sino a delincuentes, señalando que el decreto es una confesión implícita de delitos por parte de figuras políticas posteriores, incluidos Evo Morales y Carlos Mesa.

Procedimientos legales posteriores

La sentencia de la Sala Constitucional tiene aplicación inmediata, pero deberá ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Este órgano, percibido como alineado con el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), podría emitir fallos controversiales. Sin embargo, cualquier decisión que viole derechos humanos puede ser impugnada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que Bolivia es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Fuente original: El Deber
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