Faifer Cuajera, dirigente campesino de Pando, denunció que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) está al tanto de las personas que traficaban tierras en Bolivia, pero acusó a las autoridades de no tomar medidas al respecto. Según Cuajera, los directores del INRA, tanto a nivel nacional como departamental, saben quiénes están involucrados en estas actividades ilegales, pero hacen caso omiso para evitar actuar contra ellos.
Denuncia y demanda de los campesinos
Este reclamo surge en medio de la exigencia de abrogación de la Ley 1720, que permite la conversión de propiedades pequeñas a medianas, una demanda que llegaron a expresar marchistas de Pando y Beni en la sede de Gobierno. Esta petición cuenta con el respaldo de sectores campesinos, como una facción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari.
Posiciones encontradas sobre la Ley 1720
- El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, reiteró que el latifundio está prohibido por la Constitución Política del Estado y llamó a denunciar los casos de tráfico de tierras.
- Por otro lado, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazaron rotundamente la abrogación de la Ley 1720, argumentando que sería un retroceso para la producción agrícola.
- El senador Branko Marinkovic, impulsor de la ley, defendió a los productores cruceños señalando que el 80% de asociados en la CAO son pequeños productores que necesitan dicha norma.
Este enfrentamiento pone de manifiesto la tensión entre sectores campesinos que demandan cambios para proteger sus derechos y sectores productivos que buscan estabilidad en la normativa agraria.
Fuente original: ANF
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