Seis advertencias internacionales relacionadas con corrupción, interferencia política e infiltración criminal en el sistema judicial boliviano precedieron la reciente ofensiva de Estados Unidos contra estas problemáticas. Este recuento fue realizado por EL DEBER a partir de información y documentos oficiales.

Antecedentes y primeras alertas

Entre septiembre y octubre, Washington impuso restricciones migratorias a 62 personas y sus familias en el marco de su política contra el crimen organizado y la corrupción. De ese grupo, 16 eran fiscales, jueces o magistrados, tanto actuales como antiguos.

En junio de 2022, Diego García-Sayán, relator de la ONU sobre independencia judicial, denunció interferencias políticas, demoras excesivas y abuso en la aplicación de la detención preventiva en Bolivia. Tras su visita, indicó que el 47% de los 1.134 jueces ordinarios eran temporales y que el 70% de los presos estaban sin sentencia.

Señaló que la lentitud en la justicia se debía a códigos procesales excesivamente formalistas y apuntó a deficiencias en gestión, formación y corrupción. También destacó que el presupuesto judicial representaba menos del 0,5% del presupuesto nacional.

Informes y estadísticas críticas

En diciembre de 2024, la Comisión Internacional de Juristas, junto a entidades latinoamericanas, criticaron la selección de magistrados, la extensión de mandatos y los riesgos para la independencia de la justicia en Bolivia.

En noviembre de 2025, el Índice Global de Crimen Organizado situó a Bolivia con 5,12 puntos en criminalidad y solo 4,63 en resiliencia estatal. Detalló la existencia de corrupción institucional y la presencia de redes internacionales en el país.

En septiembre de 2026, la relatora de la ONU Margaret Satterthwaite visitó las ciudades de La Paz y Sucre y sostuvo diálogos con autoridades sobre las presiones partidarias en la designación de jueces, defendiendo la meritocracia y la independencia judicial.

Acciones y sanciones de Estados Unidos

El 28 de septiembre, Estados Unidos anunció sanciones para 21 bolivianos, incluyendo al fiscal general Róger Mariaca, acusado de proteger al narcotráfico, quien fue detenido preventivamente el 1 de octubre en Cantumarca.

En esa acción también fueron señalados nueve operadores judiciales entre fiscales, jueces y magistrados, como Alberto Zeballos y Martín Irusta.

Posteriormente, el 17 de octubre, la representante de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU alertó sobre la expansión de mafias extranjeras y la mezcla de narcotráfico, trata de personas, contrabando, corrupción y minería ilegal dentro del país.

El 21 de octubre, el World Justice Project ubicó a Bolivia en el puesto 130 de 143 países en su Índice de Estado de Derecho 2026, destacando deficiencias en la justicia penal, civil y en el combate a la corrupción.

El 22 de octubre, Estados Unidos impuso restricciones a otras 40 personas, entre ellas siete operadores de justicia, incluyendo a fiscales como Juan Lanchipa y Félix Balderas, y jueces como Aldo Quezada. A raíz de esto, algunos funcionarios fueron removidos o renunciaron.

Propuestas de reforma judicial

Las sanciones estadounidenses han impulsado nuevas propuestas para reformar el sistema judicial. El rector de la UAGRM, Reinerio Vargas, sugirió reformar la Constitución para elegir fiscales por voto popular y poner la Policía bajo mando departamental.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió una reforma profunda que incluya expedientes digitales y mayor control ciudadano, proponiendo además que las asambleas departamentales designen a fiscales y autoridades judiciales.

Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, anunció cooperación técnica con el PNUD y gestiones con el BID para fortalecer la digitalización, la integridad institucional y la lucha contra la corrupción.

Por último, la relatora Margaret Satterthwaite advirtió que cualquier cambio en el sistema debe garantizar la independencia judicial y evitar interferencias partidarias.

Fuente original: El Deber
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