Las explosiones ocurridas en el Regimiento Bolívar de Viacha dejaron un saldo trágico de muertos y heridos, además de impulsar una investigación sobre el almacenamiento de material explosivo. Más allá de las consecuencias inmediatas, este incidente ha reabierto el debate en Bolivia acerca de la obligatoriedad del servicio militar, un tema que el país viene arrastrando desde hace años.

Impacto y cifras

Un relevamiento realizado por EL DEBER identificó 22 conscriptos fallecidos en seis departamentos desde 2025, con al menos 13 muertes en 2026. En el caso específico de Viacha, las explosiones confirmaron nueve fallecimientos, entre ellos un sargento instructor y ocho jóvenes que cumplían su servicio militar. Además, cinco cuerpos aún no han sido identificados, proceso que se realizará mediante pruebas de ADN y que tomará varias semanas.

Marco legal y opiniones políticas

La Constitución Política del Estado establece en su artículo 249 la obligatoriedad del servicio militar para todos los bolivianos, pero modificar esta disposición requiere una reforma constitucional. Actualmente, en la Asamblea Legislativa se discute una reforma parcial relacionada con esta materia.

El diputado Rudy Pantaleón considera que el servicio militar debe seguir siendo obligatorio, aunque destaca la necesidad de un debate amplio y consensuado con los sectores involucrados. Por su parte, la diputada Catherine Pinto, presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, recordó que existen varias modalidades, incluyendo el servicio premilitar, el servicio voluntario para obtener la libreta militar, el SAR y otros tipos de voluntariados que podrían ofrecer otras alternativas.

Condiciones y riesgos en los cuarteles

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) alertó en su Informe Anual 2025 sobre las condiciones riesgosas en los recintos militares, destacando la subordinación jerárquica absoluta, el aislamiento de unidades y una cultura institucional que ha normalizado el maltrato físico y psicológico.

Durante distintas inspecciones, el MNP documentó la precariedad en instalaciones como baños en mal estado, falta de iluminación, pozos sépticos rebalsados y ausencia de paneles informativos. Además, señaló la necesidad de que los conscriptos conozcan sus derechos para denunciar malos tratos mediante mecanismos confidenciales.

El informe también identificó la falta de capacitación en derechos humanos de soldados e instructores, lo que facilita la aplicación de castigos físicos y humillaciones como parte de las prácticas disciplinarias tradicionales.

Recientemente, hubo una intervención de la Defensoría del Pueblo tras denuncias de agresiones en un regimiento. El caso está siendo investigado por la Inspectoría General del Ejército, evidenciando desafíos persistentes en la protección de los derechos de los jóvenes en ese ámbito.

Perspectiva voluntaria y crítica al maltrato

El exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín plantea la necesidad de un debate profundo sobre la obligatoriedad del servicio, proponiendo un modelo voluntario con una modalidad civil o comunitaria alternativa. Cita ejemplos de países como Estados Unidos y Perú, donde la formación militar es voluntaria.

Albarracín cuestiona la cultura de maltrato que justifica el sufrimiento físico como preparación para la guerra, y enfatiza la importancia de una formación integral que incluya aspectos mentales, físicos, tecnológicos y técnicos sin recurrir a la violencia.

Fuente original: El Deber
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