Los estudiantes bolivianos que residen cerca de la frontera con Chile enfrentan serios obstáculos para trasladarse a sus escuelas debido a las medidas del plan de seguridad fronteriza chileno. En la zona de Pisiga, la infraestructura de control, que incluye zanjas, vallas y un intenso patrullaje militar, ha transformado lo que antes era un tránsito habitual en un ambiente hostil y lleno de tensión.
Cecilia Lazarte, directora de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, alerta sobre el impacto negativo de este entorno militarizado en la salud mental de los niños. Explica que los estudiantes llegan a las aulas con un “estrés de frontera”, una carga psicológica que afecta su concentración y memoria, ya que el cerebro se mantiene en estado de alerta para la supervivencia. Este ambiente genera ansiedad y miedo, sobre todo por la posibilidad de que sus padres sean detenidos en los controles fronterizos.
Silencio y falta de respuestas institucionales
A pesar de la gravedad del problema, el Ministerio de Educación boliviano no ha ofrecido soluciones claras, remitiendo la responsabilidad a la Cancillería debido a la naturaleza limítrofe del asunto. En tanto, reportes desde Chile evidencian que el “Plan Escudo Fronterizo” privilegia la seguridad nacional sobre la vida cotidiana de las comunidades aymaras, que históricamente han compartido estas tierras sin importar las divisiones políticas actuales.
Propuestas para proteger el derecho a la educación
Ante esta situación, Lazarte propone la creación de un Carné de Tránsito Escolar que funcione como un escudo jurídico para los estudiantes, asegurando que no se vea interrumpido su ciclo educativo por controles militares. Además, plantea que las escuelas deben implementar una matrícula protegida y flexible, en la que el estatus migratorio de los padres no sea un impedimento para el ingreso de los alumnos.
Experiencias internacionales
Casos como los corredores escolares seguros entre Colombia y Venezuela, así como escuelas binacionales en la frontera entre Uruguay y Brasil, demuestran que es posible garantizar el acceso a la educación a pesar de la militarización fronteriza. Estos ejemplos confirman que, con voluntad política, es factible priorizar el derecho humano a la educación sobre cuestiones de seguridad interna.
“La seguridad de una frontera no se mide por la altura de sus muros, sino por su capacidad de proteger a los más vulnerables”, concluye Lazarte, subrayando la urgencia de que las políticas estatales se adapten para que ningún niño pierda clases por medidas restrictivas en la frontera.
Fuente original: Los Tiempos
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