El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, manifestó el sábado la disposición del Gobierno para entablar un diálogo abierto con los diversos sectores sociales que han expresado su rechazo al decreto que elimina la subvención al precio del diésel.
En una rueda de prensa junto a los ministros de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y de Economía, Christian Morales, Aramayo instó a sentarse a dialogar y presentar propuestas, subrayando que la medida busca ajustar la economía con responsabilidad social y fiscal para la construcción del futuro.
Explicó que es necesario cambiar la mentalidad de “primero bloquear y luego hablar”, ya que todo el Gabinete está dispuesto a reunirse con los dirigentes sociales para atender sus demandas.
Decisión y repercusiones
El Gobierno decidió liberar el precio del diésel, fijando inicialmente el costo en Bs 17.95 por litro, cifra que representa un incremento del 80 % respecto al precio anterior de Bs 9.80 que pagaba la mayoría del autotransporte, equiparándose casi al precio de Bs 18 que tenían los grandes consumidores.
En respuesta, la Central Obrera Boliviana (COB) condenó la medida, calificándola como un “duro golpe” para la economía popular y la estabilidad de las familias trabajadoras. La COB advirtió que la eliminación de la subvención podría desatar un proceso inflacionario que afectaría el costo de la canasta básica y los medios de vida de la clase trabajadora.
Ante esta situación, la COB convocó a un ampliado de emergencia con todas sus organizaciones para evaluar la coyuntura y definir las medidas de lucha.
Reacciones del sector transporte
El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, exigió al Gobierno anular el “dieselazo”, advirtiendo que la medida perjudica no solo al sector transporte, sino a la población en general.
Además, anunció que los sectores de transporte del país están en estado de emergencia y se reunirán próximamente para presentar sus demandas y considerar posibles acciones de presión.
Fuente original: ANF
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