Estados Unidos anunció la revocación o restricción de visas para 27 ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en una iniciativa dirigida a combatir la corrupción y el narcotráfico que socavan gobiernos democráticos. Bolivia es el país con más afectados, destacando el caso del fiscal general Roger Mariaca, acusado públicamente por Washington de corrupción significativa relacionada con la protección al narcotráfico.
Medidas y acusaciones contra autoridades bolivianas
El Departamento de Estado explicó que la acción se basa en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, restringiendo la entrada de extranjeros cuyas actividades afectan la política exterior estadounidense. En Bolivia, se revocaron visas de 12 personas y se establecieron restricciones para nueve más, entre ellos fiscales, jueces, un magistrado constitucional, exautoridades, un coronel policial y un empresario. La lista incluye al exministro de Justicia Iván Lima y al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
El caso de Roger Mariaca fue tratado por separado, con acusaciones específicas de corrupción significativa, sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia, que podrían afectar los esfuerzos en la lucha contra el narcoterrorismo y debilitar las instituciones democráticas en Bolivia.
Reacciones en Bolivia
El Gobierno boliviano reaccionó inmediatamente. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó las acusaciones como “bastante graves” y anunció que se solicitará formalmente a Estados Unidos información y pruebas para entender mejor la situación y evaluar posibles investigaciones locales.
En el Legislativo, los presidentes del Senado y de Diputados pidieron que Mariaca se aparte de sus funciones mientras se aclaran los señalamientos y solicitaron al vicepresidente Edmand Lara convocar una sesión urgente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para gestionar la información oficial a través de la Cancillería.
Por su parte, Roger Mariaca rechazó que la decisión estadounidense afecte su trayectoria o el trabajo del Ministerio Público, pidieron respeto para las instituciones bolivianas y afirmó que investigar no es condenar. Confirmó que continuará con las investigaciones en curso, como los casos Cerimedo, Narcomaderas, y otros relacionados con presunta legitimación de ganancias ilícitas y narcotráfico.
Perspectivas y vías constitucionales
El Gobierno evitó respaldar la suspensión de Mariaca, enfatizando que fue designado por la ALP y que cualquier acción debe respetar las competencias institucionales. El presidente de Diputados destacó el derecho de la ciudadanía a resultados claros y verificables, y la necesidad de aclarar la situación públicamente si no hay pruebas.
El constitucionalista José Luis Santistevan indicó que la ALP debe activar un proceso de investigación conforme a las leyes bolivianas, solicitando a Estados Unidos las pruebas que fundamentan las acusaciones para definir responsabilidades.
Este caso deja tres frentes abiertos en Bolivia: un aspecto diplomático para solicitar información a Washington, uno institucional para la posible investigación dentro de la ALP, y otro judicial para contrastar las acusaciones con evidencias según el ordenamiento boliviano.
En conclusión, la sanción estadounidense no equivale a una sentencia en Bolivia pero sitúa al fiscal general en el centro de una controversia internacional, mientras el Gobierno y el propio Mariaca exigen transparencia y respeto institucional.
Fuente original: El Deber
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