En la madrugada del 21 de mayo de 2026, una ambulancia que trasladaba a un niño de 12 años gravemente herido fue detenida en Cruce Macha, al norte de Potosí, por habitantes locales que bloquearon el paso. El menor, O.Ch.A., había sufrido una caída días antes en Pocoata, lo que obligó a su traslado urgente a Llallagua y luego a Potosí para una intervención quirúrgica. Debido a los bloqueos, la ambulancia no pudo llegar a tiempo y el niño falleció media hora después de retomar el viaje hacia Oruro.
Las secuelas del conflicto
El país aún enfrenta las consecuencias de los 51 días de conflicto social durante mayo y junio, que paralizaron carreteras, mercados y dividieron a la sociedad. Las pérdidas van más allá de daños económicos o desabastecimiento; también hay 22 fallecidos relacionados al conflicto, según un informe de la Defensoría del Pueblo, con 19 terceros afectados mayormente por la interrupción en el acceso a servicios médicos y tres movilizados fallecidos por enfrentamientos con fuerzas del orden.
Un llamado urgente al diálogo
Expertos, legisladores y autoridades coinciden en que la clave para evitar una nueva crisis es reactivar el diálogo, cumplir los acuerdos firmados, y fomentar la transparencia en las decisiones públicas. La senadora Elena Pachacute enfatiza la importancia de acelerar el cumplimiento de compromisos y de socializar cualquier decreto con evidencia técnica para evitar gobernar por imposición.
La analista Gabriela Canedo destaca la necesidad de ampliar el diálogo a nivel nacional, incluyendo a organizaciones locales, especialmente en temas como hidrocarburos y minería, y hacer partícipe a la Asamblea Legislativa para lograr consensos en la normativa.
Impacto social y jurídico
Además de los daños materiales y sociales, la Fiscalía ha abierto 114 procesos penales que involucran a 335 personas relacionadas con los conflictos. Simultáneamente, una comisión legislativa investiga las muertes y eventos ocurridos durante las movilizaciones.
Perspectivas para la paz y gobernabilidad
El senador Nicanor Cochi y José Sánchez Aguilar plantean que el bloqueo no debe ser el método para resolver problemas sociales y que se requieren mecanismos efectivos de control de recursos, junto con canales abiertos para el diálogo.
El experto Cesar Rojas resalta que los bolivianos no son conflictivos por naturaleza y que la eficacia del diálogo es fundamental. La responsabilidad compartida entre Gobierno, Legislativo y sectores sociales es indispensable para consolidar la paz social, señala el senador Víctor Quispe Santander.
Medidas recientes y el futuro inmediato
Para evitar nuevas crisis, el Gobierno ha negociado con sectores sociales ante amenazas de más bloqueos. Se ha reducido el precio referencial del diésel de Bs 18 a Bs 16,50 por litro tras observaciones ciudadanas. Además, con el estado de excepción próximo a finalizar el 16 de septiembre, autoridades advierten sobre posibles intentos de desestabilización y consideran extender la medida para mantener la estabilidad.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que existen grupos con la intención de generar convulsión e inestabilidad, principalmente desde la región del Chapare, lo que justifica la posible ampliación del estado de excepción.
La construcción de mecanismos sólidos de diálogo y la responsabilidad compartida son esenciales para evitar que conflictos futuros cobren vidas y causen mayores perjuicios a Bolivia.
Fuente original: ANF
